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La Unión Europea contra Google

Google landing site on computer screen

Una de las grandes enfermedades de las sociedades a lo largo de la historia ha sido, y sigue siendo, la censura. Todos los poderes la han impuesto en un momento u otro. Poderes políticos, reyes, lideres de confesiones religiosas y empresas han tratado de silenciar y condenar al ostracismo informativo aquellas opiniones contrarias a sus intereses o que amenazaban su posición de poder. La paranoia llegaba al extremo de eliminar de las fotos a los antigüos dirigentes caídos en desgracia( copyright de Stalin).

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena al buscador Google a eliminar enlaces negativos y lesivos para un ciudadano, aunque la información sea veraz, es un paso más en un camino que es de servidumbre. Pero no el escrito por Hayek sino el dictado por una burocracia que se inventa una Ley o un decreto cada vez que se despierta y que pretende limitar la libertad de expresión imponiendo una censura cibernética a los ciudadanos decidiendo por nosotros qué es relevante y qué no. No es solo, La Unión Europea contra Google. Se trata de la Unión Europea contra el derecho de sus ciudadanos a recibir y consultar informaciones a través de Internet.

La sentencia es una trampa. Obliga a Google a retirar el enlace pero no obliga a un periódico o revista a retirar el mismo contenido de su archivo porque afectaría a la libertad de expresión. Se trata, aparentemente, de una libertad de expresión de segunda categoría que ampara unos casos pero otros no. Un principio claro de discriminación y censura. Todo empezó con una denuncia del abogado Mario Costeja al que no le gustaba que en Google siguiera apareciendo un enlace al periódico La Vanguardia en el que se reflejaba una noticia relacionada con una subasta de inmuebles derivados de un embargo y sus deudas con la Seguridad Social. La noticia es de 1998 y seguía apareciendo en el buscador. En 2010 pidió a la Agencia Española de Protección de Datos que instara a La Vanguardia y a Google que eliminaran esa noticia. No le dió la razón en lo relativo a la supresión en el periódico pero sí para que no volviera a aparecer en Google. Dos varas de medir distintas.

La sentencia se ampara en el supuesto derecho al olvido que tienen los ciudadanos. Más bien, se trata de convertir el olvido en un nuevo supuesto de derecho a la ignorancia donde da igual si publicamos informaciones veraces y ciertas. Si alguien cree que sus intereses se ven perjudicados, podrá pedir eliminarlos. Google actúa como un espejo informativo y se dedica a recopilar la información que aparecen en Internet y publicada por otros medios. No es un emisor de información sino un recopilador de información. Más sencillo de entender. Si La Vanguardia elimina de sus archivos la información relativa a las deudas con la Seguridad Social de Mario Costejo, en Google tampoco aparecería.

¿ Dónde ponemos el límite?. Si el derecho al olvido lo consagra la Unión Europea como un derecho fundamental, podremos llegar a situaciones espeluznantes. Si alguien amenaza por Twitter, ¿ podrá pedir a Google que retire el enlace?. Si un violador es condenado y se publica en el periódico El Mundo o El País, ¿ podrá pedir que retiren el enlace en el cual aparece su condena?. A partir de esta sentencia, si alguna vez volvemos a escuchar quejas y reclamaciones de autoridades u organimos europeos acerca de las trabas para la libertad de información que existen en países como Cuba, Arabia Saudí o China, sabremos que son quejas interesadas. Si las dictaduras bloquean el acceso a buscadores,¿ en qué nos podemos diferenciar de esos países si empezamos a seguir su camino en Internet?.

El derecho al olvido parece un intento más de reescribir la historia. Si una información no nos gusta, aunque sea totalmente verídica, podremos pedir a un buscador que la elimine. Y si no quiere, pues Papá Estado a través de sus múltiples entes, lo hará por nosotros. El derecho a la información también se ve seriamente amenazado con esta sentencia. El supuesto derecho al olvido se sitúa por encima del derecho fundamental a la libertad de expresión. Y ya sabemos cómo se las suelen gastar los Estados con la información. Si, además, la ideología del buenismo imperante nos amenaza en convertirnos en imbéciles, siempre podremos pedir a esos mismos Estados que eliminen sus bases de datos relativos a la Hacienda y los impuestos de los ciudadanos.

Cómo dirían Les Luthiers. No solamente es verídico sino que además es cierto. Aunque pueda que eso no sea aplicable a la Unión Europea.